Justicia no Ofertas: Plan Integral de Justicia para Migrantes de Ellin Jimmerson

Plan Integral de Justicia para Migrantes Orientación La orientación de la plataforma del Plan Integral de Justicia para Migrantes está dirigida hacia la justicia en lugar de cualquier conveniencia política. Esta es la creencia de aquellos que planteamos en esta plataforma que la justicia puede hacerse únicamente cuando la injusticia del sistema actual es completamente y cuidadosamente expuesta. Nosotros enfatizamos que debemos trabajar en conjunto con metas claramente definidas. Estas metas están a continuación detalladas en un plan de rectificación. Preámbulo La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, la Suprema Corte de los Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos guían en nuestra forma de pensar sobre los sistemas que van en contra de la marginación, separación y opresión de los pueblos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que parte de lo que significa ser libre es la capacidad de buscar “vida, libertad y felicidad.” La Declaración de Independencia pone en claro que los gobiernos solo existen para proteger los derechos inherentes otorgados por Dios a las personas. Esto además dice que la autoridad de los gobiernos únicamente deriva del consentimiento de aquellos que están siendo gobernados. La 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece “la igualdad de protección bajo la ley.” En la interpretación de este principio, la Suprema Corte de los Estados Unidos ha dicho que “la enmienda incapacita al Estado de privar inmerecidamente a un ciudadano de los Estados Unidos, a cualquier persona sin importar quien sea, de vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, o de negarle a esta persona la igualdad de protección por las leyes del Estado… [Esto incumbe a] todas aquellas personas quienes pudieran estar dentro de esta jurisdicción.” En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, clarificó que esto significa hablar de libertad y derechos inherentes en el mundo moderno. En particular, las Naciones Unidas señalan que esto pudiera no pasar si nosotros viviéramos juntos “en un espíritu de hermandad.” Nadie, esto dice, “deberá ser sometido en esclavitud o servidumbre.” Nadie deberá ser “sometido a tratamiento de crueldad, inhumanidad, degradación o castigo.” Nadie deberá ser “sometido a arresto arbitrario, detención o exilio.” Nadie deberá ser “arbitrariamente privado de su propiedad.” La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas además enfatizó en qué consiste la libertad. Esta consiste en el derecho de una persona a “dejar cualquier país, incluido el propio y regresar a su país,” el “derecho a la nacionalidad,” “el derecho de no ser arbitrariamente privado de su nacionalidad o de negarle el derecho de cambiar su nacionalidad,” el derecho “a poseer su propiedad solo o en asociación con otras personas,” el “derecho de tomar parte en el gobierno de su país,” “el derecho a los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.” Cada uno, las Naciones Unidas prosigue, tiene el derecho a “trabajar, a libre opción de empleo, a justas y favorables condiciones de trabajo y a protección contra desempleo,” el derecho a “pago equitativo por trabajo equitativo” y a una “justa y favorable remuneración para él y su familia.” Cada uno, tiene “el derecho a formar y unirse a sindicatos para la protección de sus intereses.” En 2006, reconociendo “la urgente necesidad a respetar y promover los derechos inherentes de las personas indígenas los cuales derivan de… sus tierras, territorios y recursos,” las Naciones Unidas adoptaron una Declaración Especial de los Derechos de las Personas Indígenas. Esta estipuló que las personas indígenas tienen derechos “colectivos” como también individuales para el pleno disfrute de “la ley internacional de los derechos humanos” incluyendo el “derecho a la auto-determinación,” el individual “derecho a la nacionalidad,” y el derecho a “vivir en libertad, paz y seguridad como personas distintivas.” Para que eso finalice, los miembros del Estado “proveerán de mecanismos efectivos para su prevención, y de arreglos para “cualquier acción la cual tenga el efecto de privarlos de su integridad como personas distintivas” o “desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos.” Más adelante, esta dice que “ninguna relocación tomara lugar sin el libre, previo e informado consentimiento de las personas indígenas involucradas y después de acordar en una justa y equitativa compensación y, donde sea posible con la opción de regresar.” Esto además dice “que las personas indígenas tienen el derecho a participar en la toma de decisiones en cuestiones que pudieran afectar sus derechos” y que cuando ellos hayan sido “privados de sus conceptos de subsistencia y desarrollo [ellos] están titulados a un justo y equitativo arreglo.” Ellos tienen el "derecho a mantener y a fortalecer su propia relación espiritual con sus propias costumbres y con las tierras, territorios, aguas, costas marinas y otros recursos que han usado y poseído y de defender sus responsabilidades para futuras generaciones en este ámbito." Finalmente, esta Declaración establece que todas estas especificaciones no son más que los "estándares mínimos". Cuando nosotros consideramos migración no autorizada a través de las especificaciones de estas prescripciones para “vivir en hermandad,” nosotros vemos que los derechos humanos básicos están siendo totalmente denegados en cada ocasión. Nosotros enfatizamos en que las negaciones de estos derechos son además contrarias a la acordada ley internacional. Existe una conclusión entre historiadores quienes analizan las políticas económicas desde la perspectiva de la gente pobre que el Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLNC) ha sido el principal factor de empuje detrás de la migración no autorizada de gente pobre e indígenas de Latinoamérica a los Estados Unidos. Este acuerdo por si mismo admite que pequeños y tradicionales agricultores en México, por ejemplo, tuvieron que ser sujetos a competencia por corporaciones de granjas fuertemente subsidiadas en los Estados Unidos. Este admite que alzando las tarifas que las corporaciones de Estados Unidos previamente habían pagado en orden de transportar sus productos a México por ejemplo, y quitando los apoyos que el gobierno mexicano había ofrecido por largo tiempo a los agricultores tradicionales cuando estos rechazaron el artículo 27 de la Constitución Mexicana, que un gran número de estos agricultores serian forzados a abandonar sus tierras para emigrar. Posteriores tratados de libre comercio, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de Centro América (CAFTA), el Libre Tratado de China, y otros han tenido efectos similares. En octubre del 2011, el Presidente Barack Obama firmó adicionales tratados de libre comercio con Perú, Colombia y Corea del Sur. Debemos anticipar que nuevos tratados de libre comercio tendrán las mismas consecuencias de los anteriores principalmente creando mas desplazamientos de gente y empujándolos a emigrar. Además notamos que los desplazamientos causados por tratados de libre comercio en una escala más pequeña tomarán lugar dentro de los Estados Unidos. La devastación de la industria textil de Alabama es un ejemplo de esta situación. Una consecuencia a la firma del Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TNLC) en 1992 fue la militarización de la frontera Estados Unidos – México. A la fecha, aproximadamente 5000 hombres, mujeres, niños y bebes han muerto como resultado de intentar cruzar esta frontera. 
La militarización dió lugar a la prioridad de bloquear las áreas urbanas a lo largo de la frontera las cuales eran los caminos más seguros por los cuales los migrantes tradicionalmente habían entrado a los Estados Unidos desde Latinoamérica. La teoría llevada a cabo en la frontera suroeste de los Estados Unidos fue que los migrantes evitarían áreas urbanas militarizadas, serian empujados a cruzar a través de aislados y peligrosos lugares de la frontera, especialmente a través del desierto de Sonora, algunos morirían y se pasaría la voz hasta llegar a las comunidades de Latinoamérica, y los migrantes pararían de intentar cruzar. Esto fue implementado como una parte de la política de “impedimento.” En adición, muchos migrantes reportaron rutinariamente ser sujetos a tratamiento cruel y humillante a manos de oficiales fronterizos. Notamos que más allá de la militarización de la frontera Estados Unidos – México ha sido parte de cada plan para las “reformas integrales de migración” que ha traído antes el Congreso de los Estados Unidos en años recientes. La razón por la cual los migrantes cruzan ilegalmente arriesgando su dignidad, su propiedad y sus vidas es porque los Estados Unidos no les permite cruzar legalmente. Estados Unidos tiene dos sistemas de entrada legales. Uno para Canadienses y Europeos del Oeste quienes pudieran cruzar la frontera de Estados Unidos únicamente con un pasaporte, otro es para latinoamericanos, africanos y asiáticos quienes deben tener una visa adherida a su pasaporte. Esta gente debe calificar demostrando que ellos tienen ambos dinero y un título de propiedad para poder cruzar nuestra frontera legalmente. La excepción a la prohibición de los Estados Unidos a personas pobres e indígenas es la H2A o H2B visa para trabajadores temporales. Sin embargo el Centro Sureño de Leyes para la Pobreza (SPLC) ha aclarado que el Programa de los Trabajadores Temporales esta “cerca de la esclavitud” como su reporte en la visa fue titulado. La visa legalmente somete al trabajador al empleador que lo importa. El trabajador no puede legalmente dejar al empleador aún cuando el trabajador es abusado. El SPLC describe con precisión que el programa es como “servidumbre por contrato” y “trata de personas.” Hemos notado que la mayor extensión de visas para trabajadores temporales ha sido parte de cada plan para la “reforma integral de migración” que ha traído antes el Congreso de los Estados Unidos en años recientes. Los números desproporcionados de aquellos que son forzados a abandonar sus tierras a consecuencia de los tratados de libre comercio y sus políticas pertenecen a la gente indígena. Muchos observadores señalan que pueblos enteros en las zonas indígenas son ahora ciudades fantasmas o ciudades pobladas solamente por mujeres jóvenes, niños y ancianos. Los estudios indican que un número desproporcionado de los cuerpos de migrantes recuperados en el desierto de Sonora provienen de las zonas indígenas del sur de México y Guatemala, por ejemplo. También notamos que el requisito de tener un título de propiedad no es válido para los indígenas que viven en tierras comunitarias siendo esto es un impedimento para venir a los Estados Unidos legalmente. Millones de personas han sido desplazadas en América Latina, en particular debido a las políticas económicas de los Estados Unidos, especialmente el TLCAN. Los Estados Unidos y demás signatarios, Canadá y México, claramente sabían de esto cuando se firmó el tratado. Este conocimiento previo se indica tanto en el tratado como en la Estrategia Fronteriza del Suroeste. Ahora millones de estas personas desplazadas se encuentran en los Estados Unidos. Ellos viven bajo la constante amenaza de deportación. Notamos que aproximadamente 1.5 millones de personas fueron deportadas durante la primera administración del Presidente Obama. El Congreso de los Estados Unidos ha autorizado un fondo monetario para deportar 400,000 personas al año, y para hacer esto ha incrementado el fondo monetario para el Departamento de Seguridad Nacional. Los Estados Unidos también tienen un creciente interés de lucro en su sistema penitenciario con lo que está haciendo enormes sumas de dinero de las deportaciones. El fuertemente financiado sistema de deportación causa un gran sufrimiento a aquellos que son deportados. Además se están desintegrando familias Estadounidenses al ser deportados los cónyuges y los niños son separados de sus familiares que muchas veces son ciudadanos estadounidenses. Esto además ha forzado que miles de ciudadanos vayan al exilio, cónyuges e hijos que siguen a sus deportados o de otra forma esperar el regreso de sus seres queridos repatriados. Muchos de estos ciudadanos americanos en el exilio se convirtieron en aquellos que viven sin ningún estatus legal en el país natal de sus seres queridos. Las barreras legales que enfrentan cónyuges e hijos de aquellos que han sido deportados dejan a muchos sin ninguna esperanza de vivir en algún lugar legalmente como familias. En suma, a muchos les es negado el debido proceso garantizado por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos y son sometidos a discriminación racial y étnica, detención por meses sin cargos, audiencias secretas y “racionalizados” procesos judiciales, de los cuales la Operación Streamline de Arizona es un ejemplo de ello. Trabajadores en los Estados Unidos, México y otros lugares cada vez mas están siendo sometidos a un nivel de presión que van desde el “derecho a trabajar” y leyes para criminales, lo cual hace más difícil para ellos negociar colectivamente afectando así otros medios para conseguir salarios justos, buenas condiciones de trabajo y beneficios. Trabajadores no autorizados son victimizados por prácticas abusivas que incluyen redadas en los lugares de trabajo y sistemas electrónicos legales de verificación de empleo [e-verify]. Una importante amenaza a la vida de migrantes e inmigrantes incluyendo niños en los Estados Unidos es la aprobación de la Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo y Ley de Reconciliación (PRWORA) en 1996. Señalando que había “un urgente interés del gobierno para eliminar el incentivo para la migración ilegal proveído por la disponibilidad de beneficios públicos”, por primera vez, la ley de 1996 vinculó la elegibilidad de los inmigrantes legales para recibir Medicaid de acuerdo al tiempo de residencia en los Estados Unidos. Estas restricciones, además aplicaban los Programas Estatales de Aseguranza para Salud de los Niños (SCHIP), el cual fue establecido en 1997. PRWORA y SCHIP abarcaron la mayoría de los inmigrantes, incluyendo residentes permanentes legales y a otros migrantes los restringieron a cinco años para su elegibilidad. Conclusión Lo que nosotros vemos en esencia es el crecimiento del número de personas prácticamente sin nacionalidad, quienes no tienen el significado de ciudadanía en ningún lugar, los esfuerzos para protegerse ellos mismos, sus familias y sus maneras de vivir les están siendo arrancados sistemáticamente. Derechos humanos fundamentales incluyendo el derecho a vivir, libertad y la búsqueda de la felicidad, les son prácticamente arrebatados. Derechos humanos fundamentales incluyendo el mas especifico derecho al significado de nacionalidad, a cambiar de nacionalidad, a mantener una identidad étnica, a cruzar fronteras legalmente, a no ser tomados como esclavos, a no ser sujetos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser sujetos a arrestos arbitrarios, detención o exilio, de no ser privado de propiedad, de tener una propiedad colectivamente o individualmente, de tener la libertad a tener un empleo y favorables condiciones de trabajo, el derecho a pago equitativo por trabajo equitativo, el derecho de formar y de unirse a sindicatos, y el derecho a procesos justos que están siendo negados por el sistema. Hemos notado también, que cuando esos derechos son rechazados por acuerdo internacional a personas que estaban tituladas a esos derechos, les fueron negados sus derechos a compensación. Plan de Enmienda Nosotros proponemos el siguiente Plan Integral de Justicia para Migrantes. En particular, pedimos que las muertes de migrantes a lo largo de la frontera Estados Unidos –México paren inmediatamente. 1.- Crear una económica y rápida obtención de visas que permita a la gente, incluyendo a las personas de bajos recursos, personas indígenas que vivan y posean tierras comunitarias sin importar sus conocimientos o perspectivas de salario, venir los Estados Unidos de Latinoamérica, África y Asia. 2.- Desmilitarizar la frontera de Estados Unidos-México. 3.- Detener las deportaciones hasta que estas puedan ser desligadas del Departamento de Seguridad Nacional, de la industria de prisiones con fines de lucro y de cuotas. 4.- Abolir el H2A/H2B Programa de Trabajadores Temporales. 5.- Detener la firma y aplicación de los tratados de libre comercio y retroceder en aquellas partes que están en vigor actualmente. 6.- Restaurar procesos justos. 7.- Crear un estatus legal para personas sin estatus legal en la actualidad en los Estados Unidos, incluyendo pero no limitando a su vez un camino a la ciudadanía. 8.- Ayudar a los indígenas a recuperar las tierras que tradicionalmente les han pertenecido en Latinoamérica y la repatriación a esas tierras a aquellos que lo deseen. 9.- Fortalecer el derecho al trabajador local, extranjero y transnacional para organizarse y negociar colectivamente (sindicalización). 10.- Levantar las barreras legales que han sido impuestas a los deportados y habilitar el regreso de repatriados a los Estados Unidos, barreras que seguido obstaculizan a cónyuges e hijos de ciudadanos americanos su derecho a regresar. 11.- Proveer de una remuneración a las familias con ciudadanía americana de deportados para cubrir los gastos relacionados al dejar los países a los cuales ellos hayan sido exiliados. 12.- Desbloquear las barreras para los migrantes e inmigrantes para la elegibilidad a Medicaid y SCHIP. Elaborado por: Ellin Jimmerson, Huntsville, AL, EE. UU. , 12 de Enero del 2013. Traducico por Adryana Luna, Winnipeg, CAN Firmado por: Ellin Jimmerson, The Huntsville Immigration Initiative, Huntsville, Alabama. Signed by: Rev. Ellin Jimmerson, Ph. D. The Huntsville Immigration Initiative, Huntsville, AL Crystal Costella Mendez, Perkasie, PA, spouse deported Aylene Sepulveda Pippa Abston, M. D., Huntsville, AL Robin Vestal, Laurel, MD Paula Bracamontes, Joliet, IL, facing exile Kimberly Majoras, Elyria, OH Jack Knox, Douglas, AZ Jane McGroarty Sampaio, MA Gwen Giffen, Bellaire, OH Amber Henderson, Commerce, GA, spouse deported Meggan Machado Bourne Raquel Magaña, Pittsburgh, PA Sophia Harrington-Arevalo, Tijuana, MX, living in exile from Washington state Jess Gutiérrez, Chicago, IL Joel Smith, Tucson, AZ Melissa Watkins Becca Willems Candia, La Paz, Bolivia, US citizen in exile since 2006 Adryana Luna, Winnipeg, Manitoba, CAN Rev. 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